Crónica de un despropósito... detrás de otro

Juan José Prieto Contreras

Publicat: el 12/oct/23
Opinió| Columnes

Queridos vecinos de Sant Cugat del Vallès, hoy os traigo una historia que, lamentablemente, más que una película de entretenimiento es una realidad que afecta directamente a nuestra ciudad y a la estabilidad financiera de nuestro Ayuntamiento. Como muchos ya sabéis, hace años que comenzaron las andaduras legales para ajustar el cálculo de las plusvalías municipales, es decir, esa cantidad de impuestos que se debe abonar cuando vendemos una propiedad y que, en teoría, se debería calcular únicamente sobre el beneficio que se está obteniendo con la misma.

A pesar de ello, por todos es conocido que los ayuntamientos utilizaban una fórmula de cálculo la cual hacía que siempre saliera a pagar, aunque la venta se hiciera perdiendo dinero (cosa que empezó a pasar mucho después de la crisis de 2008). Debido a ello, comenzaron a dictarse sentencias judiciales que anulaban esa fórmula de cálculo y llamaban al poder legislativo a variar y adaptar dicha fórmula.

Hace ya 10 años el Partido Popular de Sant Cugat comenzó a alzar la voz a favor de un cambio y a proponer la aplicación de un criterio de prudencia, no cobrando la plusvalía en caso de venta a pérdida, y proponiendo también una variación de la fórmula de cálculo que se ajustase a la verdadera esencia del concepto de plusvalía. Este cambio permitiría anticiparse a las consecuencias que conllevaría el cambio normativo futuro. Lamentablemente, se hizo oídos sordos a esta advertencia.

¿Qué suponía esta variación prevista en el sistema de las plusvalías? Pues bien, en resumen, implicaba una reducción de los impuestos para aquellos que vendieran una propiedad, lo cual sonaba genial para todos nosotros. Sin embargo, había también un pequeño detalle que los partidos en el gobierno decidieron ignorar: esto supondría una reducción significativa de ingresos para nuestro Ayuntamiento que había de ser tenida en cuenta para el cálculo de los presupuestos, realizando los ajustes oportunos para permitir mantener la calidad de vida y servicios en nuestra ciudad.

Como resultado de todo este proceso en el que se trató de ignorar una realidad evidente, llegamos a un punto crítico en 2021 cuando el Tribunal Constitucional dictaminó que se debían reintegrar las plusvalías indebidamente cobradas durante los 4 años previos a esa sentencia, devolviendo la cantidad correspondiente a los ciudadanos. Esto generó un gasto extra en el presupuesto del Ayuntamiento que, inexplicablemente, parecía no tener previsto. A este reintegro se han de sumar también los correspondientes intereses legales a asumir por el Ayuntamiento derivados de la demora en el abono.

Para colmo, los presupuestos de 2022 y 2023 tampoco tuvieron en cuenta la reducción de ingresos debido a este nuevo sistema, lo que nos llevó a asumir una serie de gastos que resultaron muy difíciles de cubrir con unos impuestos menores de lo previsto. Sin duda esto deja sobre la mesa la pregunta que todos tenemos en mente: si sabíamos que se iba a ingresar menos, ¿por qué no se realizaron ajustes para equilibrar los gastos con los ingresos?

Derivado de toda esta situación nos acercamos al final de nuestra historia y llegamos a 2023, año en el que un asombroso 8,6% del presupuesto municipal, es decir, 13 millones de euros, se destinarán a la devolución de plusvalías. Esto, queridos vecinos, afectará directamente a los servicios de nuestra ciudad y, aunque el gobierno actual indica que preferiría no subir impuestos, no os quepa ninguna duda, la aventura para recorrer el camino de salida de este tortuoso laberinto de despropósitos no ha hecho más que empezar.

JUAN JOSÉ PRIETO és Coordinador de la Junta Local PP