A favor del propietario


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José Miguel García

Vocal portaveu de Cs a la junta de veïns de Valldoreix


Publicat: el 20/oct/22
Opinió
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Este mes de octubre, el grupo de Ciudadanos ha presentado una moción solicitando la elaboración de un Plan Municipal en contra de la ocupación ilegal de viviendas y la creación de una oficina antiocupación, moción que ha sido rechazada con el voto en contra de PSC, ERC y CUP, lo cual, por otra parte, tampoco es nada nuevo.

Ciudadanos ha sido el único partido que siempre ha luchado contra la ocupación ilegal de viviendas y que ha venido advirtiendo sobre el blanqueamiento del "movimiento okupa" que diferentes partidos vienen practicando, algunos como parte intrínseca de su ADN político y otros por complicidad o intereses oportunistas.

Desde hace tiempo venimos denunciando la ocupación y presentando propuestas para erradicar esta conducta delictiva. La ocupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y que convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. Un tipo de delito del que Cataluña es tristemente protagonista por ser la comunidad que mayor número de ocupaciones padece, una media de 600 al mes.

Un triste mérito que provoca profunda preocupación a todos los vecinos de Sant Cugat, y especialmente, a aquellos que viven en barrios periféricos, donde la menor presencia de gente en las calles y el aislamiento de algunas zonas los hace más susceptible a sufrir estas acciones.

Estos son algunos de los puntos sobre los que Ciudadanos venimos insistiendo:

1. La elaboración de un Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios.

2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, y en particular, entre las fuerzas de seguridad y la Administración de Justicia de manera que pueda asegurarse una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Reformas que pretenderían entre otras agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en los casos de ocupaciones ilegales de viviendas y el endurecimiento de las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerza en las cosas, que sean auspiciadas por mafias con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos.

Pues bien, a estas iniciativas presentadas por Ciudadanos en Sant Cugat, se suma este mes la que se presenta en el pleno de la EMD de Valldoreix por parte del equipo de gobierno.

Hemos de congratularnos de que Junts se una a esta lucha, nunca es tarde si la dicha es grande y más, cuando desde hace pocos meses en Cataluña es legal que te quiten tu vivienda unos ocupas.

Una nueva ley, apoyada por el PSC y los Comunes, que obliga a los propietarios a ofrecer un alquiler social a los que han ocupado la vivienda. Una nueva ley que de momento es de aplicación para aquellos que tienen varias propiedades, pero que, vista la tendencia, dentro de poco más nos valdrá no heredar nada o que no se nos ocurra invertir en una vivienda o tan siquiera alquilarla, ya también te pueden ocupar tu vivienda alquilada.

Una ley innecesaria, que no soluciona el problema y que lo que hace es crear un efecto llamada a delinquir y apropiarse de viviendas ajenas.

Lo que hace falta es más vivienda pública de alquiler que ayude a las familias que lo necesitan, y no que sean los particulares los que tengan que hacer frente con sus propios recursos a solucionar este problema. Son las Administraciones Públicas las responsables de buscar soluciones.

Los ciudadanos no queremos que nos vendan humo y que se construya más vivienda pública. La Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda aprobada hace 15 años dice que se tiene que crear un 15% de vivienda social en 20 años. ¿Saben qué porcentaje se ha realizado?, ¡menos de un 2%!

Y lo que es peor, en los últimos presupuestos de la Generalitat no se destinan los fondos necesarios para cubrir las necesidades de vivienda social que necesitamos. Somos la Comunidad Autónoma que menor porcentaje de su presupuesto invierte en vivienda, la mitad de la media que el resto de comunidades. Claro, la realidad es que se prefiere destinar los recursos a alimentar una hipertrofiada TV3 o a financiar "chiringuitos" al gusto.

Es necesario actuar ya, con medidas eficaces, destinando recursos a la creación de vivienda social y actuar en defensa del cumplimiento de los preceptos constitucionales, de la ley y de la propiedad privada, para que no sean los ciudadanos de a pie los que tengan que pagar el pato de una política de vivienda deficiente o inexistente.

JOSÉ MIGUEL GARCÍA és el vocal portaveu de Cs a la junta de veïns de Valldoreix



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