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Otro dato importante es el de constitución de nuevas sociedades, ahí también se notan los efectos perniciosos de la inseguridad jurídica en la que nuestra comunidad lleva más de cinco años instalada. Mientras en el conjunto de España crecen de forma moderada hasta las 19.595 (un 0,3% más), en Cataluña la cifra cae en un 8,3% hasta las 3.524 en tasas interanuales. El declive es lento y constante y debemos actuar para que cese.
Los efectos negativos a corto plazo puede que sean prácticamente inexistentes, la ubicación de las sedes no afecta a corto plazo a la actividad económica. El problema reside en el medio y largo plazo, una vez los centros de decisión se desplazan a otras ubicaciones en el resto de España, las nuevas inversiones, tanto en capital humano como en tecnología pueden acabar modificando su ubicación geográfica final.
Este tipo de situaciones no provocan reducciones en el empleo ni en la riqueza a corto plazo, eso es evidente, el problema reside en que los consejos de administración cuando tienen que tomar decisiones al respecto de la ubicación de nuevos centros de trabajo lo deciden en base a una serie de parámetros racionales, entre los cuales, y no es el menos importante, está la seguridad jurídica del territorio de implantación de estas inversiones. El gobierno del Sr. Torra, así como el de su predecesor en el cargo, el huido de la justicia Sr. Puigdemont, no parece que hayan pensado en los efectos económicos y sociales de sus decisiones en el global de los ciudadanos de Cataluña, independentistas o no, y si exclusivamente en sus propios intereses egoístas e insolidarios.
MARTÍ PACHAMÉ és diputat de Cs al Parlament
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