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Al poco tiempo de iniciarse la andadura del gobierno socialista de Felipe González, aplicando lo que en su programa se denominaba la justicia gratuita para todos, fueron derogadas las tasas judiciales que entonces grababan a quienes acudían a la administración de justicia, y que venían de muchos años atrás. Pero al poco tiempo (algunos meses si no recuerdo mal) se extendió el IVA a los honorarios de abogados y procuradores. De modo que si por un lado se levantaban las cargas a los litigantes, por otro se establecían otras. Pero esto no impidió que el PSOE vendiera a los ciudadanos que a partir de entonces la justicia había pasado a ser gratuita. Una falacia más de las que acostumbran los socialistas (o las denominadas izquierdas, si se prefiere).
Una falacia que puede engañar a quienes no tienen, o no aplican, un mínimo de sentido crítico a los eslóganes y propagandas de ciertos políticos. Porque la justicia no es, ni puede ser de ningún modo gratuita, del mismo modo que no puede ser gratuita la sanidad pública, o cualquier otro servicio que preste el estado o la administración en general.
En cuanto al punto que nos ocupa la cuestión es quien debe sufragar el coste de la administración de justicia. ¿Han de sostenerlo todos los ciudadanos a través de los presupuestos generales del estado y los impuesto comunes, o bien todo o parte de ese coste ha de recaer en quienes utilizan el servicio público, en este caso los litigantes? Frente a estos dilemas caben como es lógico posiciones diversas. Tan defendible puede ser sostener que ha de recaer sobre todos, sin especiales gravámenes para quienes litigan (que ya sufren otros de notable importancia), como lo contrario; y afirmar que los litigantes, por el hecho de ser de algún modo los beneficiarios directos del servicio, deben afrontar parte del coste de la administración de justicia. En todo caso, la solución a este dilema es más técnica en mi opinión que política, aun cuando tenga una repercusión política evidente.
Pero desde el punto de vista de la justicia y de la equidad, tan buena pude ser una solución como otra, y de hecho la mejor solución puede ser diferente en función de los tiempos y las circunstancias. Lo que no cabe es afirmar, como hacen ahora los políticos a que me refería al principio, que una u otra solución sean una afrenta para los más desfavorecidos, porque es en sí mismo una falacia más. El Estado ciertamente tiene la obligación de garantizar el acceso a la administración de justicia de todos los ciudadanos, y muy en particular de los que carecen de medios económicos para defender sus derechos ante los Tribunales. Pero este es un asunto distinto del que se refiere a los costes generales de la Justicia.
Existe desde antiguo en nuestra legislación el llamado beneficio de justicia gratuita, que justamente persigue hacer posible el acceso a la Administración de Justicia de quienes carecen de bienes suficientes. Y en este punto se puede y se debe buscar las fórmulas que resulten más eficaces para garantizar a todos ese derecho constitucional. Un asunto este que ciertamente no resulta nada fácil, y respecto del cual no existen, como en tantas otras cuestiones, soluciones mágicas y fáciles.
Lo que ha hecho el Gobierno ahora, al establecer las tasas judiciales, es gravar a los litigantes, a los usuarios de determinados ámbitos de la Administración de Justicia, no a todos, y descargar, si se puede decir así, al conjunto de los ciudadanos aligerando los presupuestos del estado dedicados a este servicio público. Lo que tiene poco que ver con el acceso a la Justicia de quienes no tienen medios suficientes, porque éstos, ahora como antes, podrán acudir al beneficio de justicia gratuita y quedarán exentos del pago de las tasas.
Me parece fundamental que quienes de un modo u otro nos dedicamos a tareas políticas, nos conduzcamos con el máximo rigor y prudencia de que seamos capaces, defendiendo nuestros programas e ideas de modo que sean lo más inteligibles posible a los ciudadanos, pero sin caer en las afirmaciones fáciles, los eslóganes simplones, la demagogia o la falacia.
JORDI CARRERAS és president i portaveu municipal del PP
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