Los sucesivos gobiernos llevan años ignorando la Constitución, el Estatuto de Autonomía e incluso la propia Ley de política lingüística, que establece en el punto 2 de su artículo 21 que "Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique."
No sorprende que grupos como Junts per Sant Cugat o la CUP-PC presenten mociones en rechazo a la sentencia del TSJC, tal y como hicieron este mismo lunes, o que el Conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, instase a los directores de los centros educativos a no hacer cambios en sus proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia. Son todos ellos quienes llevan años tratando de eliminar el castellano de la educación (y, en general, de la sociedad) y así acabar con nuestra riqueza lingüística.
Los estudiantes bilingües queremos una educación en nuestras dos lenguas oficiales: el castellano y el catalán, queremos que se exprima al máximo la riqueza lingüística de la que goza nuestra Comunidad Autónoma (y de la que debemos sentirnos orgullosos) y que podamos vivir cohesionados en una sociedad plenamente bilingüe.
Por último, me gustaría finalizar citando el final de la carta que escribió la familia de Canet este domingo: "Hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos."
Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad.
PEPE ESCOFET és membre de l'Agrupació de Ciutadans (Cs) a Sant Cugat
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