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Cataluña lidera el número de Comunidades Autónomas donde se producen más. Son datos alarmantes: una media de 600 al mes y 20 al día desde enero a junio de este año 2020. Muy por detrás se sitúan comunidades como Andalucía o Madrid: Barcelona, Girona y Tarragona son las tres provincias con más alto porcentaje de ocupación en España. En concreto son del 14,2%, el 12,2% y el 11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias y sin duda no ayuda a la situación la promulgación del Decreto Ley 1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 del Govern de la Generalitat en relación con las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda con los votos favorables de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú y la CUP que cuenta con un informe desfavorable por parte del Consejo de Garantías Estatutarias, que lo considera inconstitucional porque vulnera los derechos de los propietarios y protege la ocupación y, por tanto, favorece su aumento.
Las ocupaciones ilegales, como no puede ser de otra manera, dada la coyuntura, han experimentado un elevado crecimiento los últimos años en Sant Cugat del Vallès y la Administración más directamente implicada en esta la problemática es la municipal, bien lo sabemos en el consistorio. Este fenómeno conlleva una afectación a la seguridad y convivencia y por ello, entendemos que hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por el bienestar de todos, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan y que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas.
El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada y garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas habilitando a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles okupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos y endureciendo las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles.
También hay que legislar dando la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de entrada, registro e identificación de los ocupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos.
Por ello, a través de la Fiscalía General del Estado y los responsables de Interior de las Comunidades Autónomas, hay que generalizar la instrucción del Fiscal superior de la Comunidad de las Islas Baleares, conminándoles a desalojar a los okupantes ilegales de los inmuebles cuando revistan características de delito y ayudando a remediar sus efectos.
Finalmente, hay que evitar que la ocupación ilegal pueda ser una alternativa para atender una necesidad habitacional. Se deben fomentar las políticas sociales orientadas a facilitar el acceso a la vivienda por los grupos de población más vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de Viviendas constituidas por las viviendas de las entidades financieras pase a ser permanente.
No podemos seguir permitiendo que algo ilegal y dañino que tanto daño causa ocurra en nuestras ciudades ante la pasividad de los políticos. Medidas eficaces ya proponemos desde Cs.
MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN és regidora de Cs
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