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Desde luego que no. El empeño del nacionalismo en evocar la intentona golpista del 1-O es profundamente invasivo y ofensivo para la mayor parte de la sociedad catalana que no intervino o directamente se enfrentó a la manipulación separatista en ese proceso. Los independentistas no cuentan con una superioridad moral respecto a los otros grupos sociales ni son propietarios de una verdad popular que les habilita para imponer su voluntad sectaria y fascistoide al grito de 'els carrers serán sempre nostres'. Todos los totalitarios se creen legitimados para despreciar la norma democrática y lo hacen apelando a la voluntad del pueblo interpretada por ellos. También los golpistas del 23-F se parapetaban en la salvación de la patria para justificar el asalto al Congreso.
El proceso independentista ha sido un gran fraude social y legal. Ni la mayoría de los catalanes ni la inmensa mayoría de los españoles lo han apoyado. Es necesario recordar que para reformar el Estatuto de Autonomía es precisa una mayoría cualificada, dos terceras partes del parlamento, y que el nacionalismo intentó esquivar ese escollo a través de una arquitectura jurídica tramposa, las leyes de la transitoriedad, aprobada con nocturnidad y desprecio de los derechos de los grupos opositores en un parlamento semivacío. Los sucesos del 6 y 7 de septiembre pasarán a la historia del oprobio colectivo. Lógicamente, las leyes fueron declaradas nulas por el Tribunal Constitucional por ser contrarias a los más elementales principios democráticos. El separatismo sabía que convocaba un referéndum ilegal el 1-O y a sabiendas utilizó de forma espuria los datos de los ciudadanos, abusó de edificios y espacios públicos, intervino en los medios de comunicación e instrumentalizó políticamente a los Mossos d’Esquadra. En definitiva, urdió desde el poder institucional un plan para destruir la democracia constitucional en España. Jugó arriesgadamente y perdió.
Cuanto antes asuman los dirigentes nacionalistas que su golpe revolucionario fracasó avanzará la paz social y beneficiarán a aquellos que están en la prisión o fugados por su implicación en la trama. Por mucho que repitan que tienen un mandato popular, su triste realidad es que el mandato que prevalece en esta fase es el judicial. España es un estado democrático y de derecho y las autoridades tienen que acatar las resoluciones judiciales. Si no lo hacen deben responder por ello, también penalmente.
JOSÉ DOMINGO és president d'Impulso Ciudadano i vicepresident de Societat Civil Catalana
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