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Pues porque no ha habido voluntad política ni la hay. El suelo público se ha ido de las manos de la administración y se ha ido a grandes promotoras. Grandes fortunas hicieron el agosto con Sant Cugat a costa de unos pisos pequeños a un precio altísimo. Seguimos igual.
Podríamos pensar que es el juego del mercado, pero como políticos tenemos que ofrecer soluciones, un proyecto, valiente que realmente quiera cambiar las cosas, que gestione la administración local como una plataforma para administrar el suelo público y creando una buena estructura del ente con soluciones viables.
No es el caso de exConvergencia que sigue haciendo y deshaciendo con una Promusa encajada en la concejalía de Vivienda cuando el teniente alcalde de urbanismo, Sr. Calvet es, a su vez director general de Incasòl. Con estas premisas podría conseguirse mucho más. Podría crearse un plan viable y no un brindis al sol que es el Plan 2030.
¿Cómo es posible que se venda Promusa como una gran empresa pública cuando su rendimiento no sería aceptable si no fuera porque el 100% de la propiedad es del Ayuntamiento?
Pues porque así funcionan las cosas. Frente a un gobierno que no tiene la mayoría absoluta, ha surgido un PSC, que actúa como la muleta gracias a la que el gobierno actual durante tres años para que siga haciendo su vieja política. Ese partido, con un solo concejal, ha facilitado que se presente Promusa 2030 como una certeza, como una posibilidad cuando en realidad se limita a ser un informe sobre futuribles y compromisos que no se van a cumplir. Es muy fácil llegar al tercer año del mandato y fijar unas medidas para el 2030 pero, ¿las medidas 2015-2018 dónde están?
El gobierno de Sant Cugat tiene una forma de actuar que repite sin cesar. Actuar como si tuviera una mayoría absoluta sin tenerla. Trabajar en grandes planes de espaldas a la oposición sin darse cuenta de que los tiempos han cambiado y mucho.
Desde Ciudadanos trabajamos para poder dar respuesta a un problema que ocupa y preocupa a las personas, sabiendo que la herencia que deja el modelo convergente es la de que queda tan poco suelo de uso público que habrá que trabajar mucho para poder conseguir que los que deben tener una vivienda social puedan tenerla.
Nos hemos opuesto frontalmente a las últimas medidas tramitadas por el ayuntamiento, como la de expropiar una encina por 1.130.000 euros o el Plan 2030 y lo hacemos con la conciencia de que el modelo que se desarrolla no es el mejor, ni siquiera es bueno. Seguiremos por esta senda, con el convencimiento de que otra política es posible en Sant Cugat.
MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN és regidora de Cs
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