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Por ello en esta materia siempre me muestro prudente, escrupulosamente respetuosa con la presunción de inocencia y con el principio 'in dubio pro reo'. Es mejor un culpable en la calle que un inocente en la cárcel, y si las pruebas hacen dudar al juzgador, la duda debe resolverse a favor de la persona acusada.
Detesto los juicios públicos y paralelos, aquellos en los que los sentimientos más atávicos y las emociones más primarias se agitan provocando una respuesta la mayoría de las veces irracional e incontrolable. De consecuencias imprevisibles. La 'justicia' de masas no responde frente a nadie, y todos tenemos en la retina de la memoria imágenes escalofriantes del resultado de su respuesta.
Desde mi segundo lado, desde mi vida misma, me emociona la respuesta espontánea de miles de mujeres que muestran un rechazo primario y profundamente solidario frente a la brutal agresión sufrida por la víctima de 'La Manada, que todas intuimos que ni fue la primera ni hubiera sido la última. El rechazo visceral y el hartazgo por la 'impunidad' que se percibe. El cansancio indignado por la existencia de miles de abusos sexuales diarios que se callan y se silencian porque precisamente el sistema judicial no da una respuesta ni suficiente ni digna. Escalofría entrar en #cuentalo.
Pero esa respuesta estalla precisa y paradójicamente tras una sentencia que sí ha creído a la víctima, que incluso valora su silencio ante el ataque como falta de consentimiento, aunque el análisis que hace sobre la existencia del plus de intimidación se quede corta, muy corta, en el sentir de la mayoría de las mujeres que se coloquen en la situación de la víctima.
Esa respuesta de indignación de miles de personas, debe sentirse y servir no solo desde el punto de vista vindicativo, sino como el impulso necesario para cambiar las cosas. Porque el tema ya no es terminológico, si es abuso o violación, si nueve años son muchos o pocos -que dependerá siempre de lo que se consiga con esos años de prisión y el trabajo que durante los mismos se haga con los condenados-, ni si hay un juez que ha dictado un voto particular que merece un análisis a parte, el tema es cómo acercamos la justicia a la exigencia social. De que la administración de justicia debe ser impregnada de una perspectiva de género no solo en la aplicación de la ley, sino en todo el proceso. Que todos los profesionales que intervengan, y no solo los jueces, tengan la formación para evitar en lo posible la doble victimización de las mujeres que, valientes, por ellas y por las demás, se atreven a iniciar el calvario de un proceso judicial. Que todo el sistema se adecue a esa perspectiva y habilite los espacios necesarios para que la violencia de género, sea sexual o no, pueda ser de una vez por todas erradicada.
LOURDES LLORENTE és regidora de la CUP-PC
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