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Queda probado que en Sant Cugat la adjudicación del PAV3 generó ese pago, ese cobro por parte de Convergència, Millet y Montull. 168.000 euros (tristemente ya no parece tanto). Patapam. Por la escuadra, nunca mejor dicho.
Responsabilidad penal y la civil derivada del delito. Pero para cuando llega, CDC se ha disuelto presuntamente, y su heredero, PDeCAT, si bien no ha renunciado a la herencia, reniega de su causante. Heredero desagradecido oiga, que sin renunciar a la herencia de CDC (las ayudas públicas, los espacios de propaganda electoral...) carga contra ella, como si fueran otros, y ellos solo hubieran pasado por allí. Como si no se hubieran 'refundado', que suena a baño bautismal limpiador de los pecados.
Grito al cielo. Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat y presidenta del Consell Nacional del PDeCAT, no descarta denunciar a Convèrgencia Democràtica de Catalunya. Bomba de humo. Ella es jurista, sabe perfectamente que no siendo la sentencia firme no va a denunciar a nadie, (especialmente a nadie 'disuelto'), y que para cuando lo sea ella no será alcaldesa. Responsabilidad política, cero patatero. Se anuncian explicaciones para el pleno municipal que tendrá lugar más de una semana después. Explicaciones, cero patatero.
Eso le digo yo a la senyora Carmela Fortuny, la teniente alcalde de Presidencia y portavoz del grupo municipal del PDeCAT, en una tertulia en Cugat.cat. Que no están dando todas las explicaciones, que de hecho no han dado ninguna, y me contesta que yo me he tomado 3 cafés. Yo me habré tomado 3 cafés, otros se han fumado el 3% de la obra pública.
Febrero 2018. Se publica que en Sant Cugat, 'el mayor feudo municipal de CDC en las últimas décadas, convergen todos los casos de corrupción del partido y se extiende la sombra de las comisiones ilegales'. La smart city huele mal. Está en el centro de las investigaciones que se llevan en un juzgado de El Vendrell por el 'caso 3%'. También aparece en el 'caso ITV', la historia de favores políticos y comisiones opacas de la era de los Pujol.
Aquí no hay grito en el cielo. Silencio absoluto. Aquí de repente a los que piden explicaciones, el PDeCAT Sant Cugat les invita a que pongan una denuncia. Pero ¿no estaban estudiando ponerla ellos? Si el caso ya está en los juzgados, señores, para qué va a poner una denuncia nadie.
Febrero 2018. Un día después. Noticia. Damiá Calvet, director del Institut Català del Sol y teniente de alcalde en Sant Cugat de Urbanismo, Economía y Hacienda (dos trabajos muy compatibles, como todo el mundo puede comprender - legalidad vs legitimidad, aclaro desde ahora) aparecía en una investigación en fiscalía sobre una operación urbanística que indiciariamente podía ser constitutiva de delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos
Ya no hay grito al cielo, ni siquiera voz bajita que apele al principio de presunción de inocencia. Yo lo gritaría, convencida, nadie tiene que probar que es inocente. Lo es mientras no se demuestre lo contrario. Pero la oposición debe hacer su trabajo, y debe apelar también al principio de responsabilidad política.
Hay que explicar. La transparencia no es hacerse el muerto, no es ponerse de lado. No es publicar otras noticias, a ver si así no se habla de lo mío. Los cargos públicos, además de honestos, deben parecerlo. De lo contrario se mancha todo. El trabajo de otras personas apesta. Expliquénse. Es imposible que no sepan más de lo que cuentan. Es imposible que personas con los cargos que han tenido en Convergència, y los que tienen en el PDeCAT no sepan nada más.
La alcaldesa de nuestra ciudad y todo su equipo de govern nos debe unas explicaciones. Y ya están tardando.
LOURDES LLORENTE és regidora de la CUP-PC
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