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Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a dar la razón a todos aquellos que defienden la perversión de un impuesto que, en época de vacas flacas, y por lo tanto de disminución del precio real de la vivienda, obligaba a pagar al contribuyente sí o sí. Y por lo tanto dicha sentencia obliga al retorno del dinero al ciudadano por las cantidades indebidamente abonadas a los ayuntamientos. Lógico.
Paralelamente, esta sentencia ha provocado un pequeño maremoto: existen muchas posibilidades de que se articule a corto o medio plazo un mecanismo para que, de forma masiva y generalizada, los ayuntamientos estén obligados a ser proactivos y hacer frente a devoluciones importantes. Ya no sólo es posible que se tenga que hacer frente a las demandas de los contribuyentes que hayan podido reclamar vía judicial. Se abre la puerta, tal vez, a que de oficio los ayuntamientos, o las Diputaciones si tal fuera el caso, tengan que revisar una cantidad ingente de liquidaciones sospechosas de haberse practicado de forma contradictoria a lo que ha establecido la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
Estaríamos hablando de un proceso que podría tener ciertas similitudes con la incorrecta aplicación de las Cláusulas Suelo, y que tanto ha dado que hablar en los últimos meses. Si bien, es de justicia decirlo, jamás por partes de los ayuntamientos ha existido una mala praxis o ánimo de lucro a costa de timar al ciudadano. En todo caso aplicaban una ley que de raíz contenía contradicciones y, que en último término deberá ser modificada.
A partir de aquí, probablemente, la cuestión que se pondrá sobre la mesa es quién paga los platos rotos. Por parte del mundo municipalista se argumentará, de entrada, el que si una ley dependiente del Estado puede contener artículos contradictorios, los reveses económicos derivados de sentencias judiciales adversas debe asumirlos el Estado, vía partidas presupuestarias que compensen a los ayuntamientos, si a estos últimos les toca rascarse el bolsillo.
Por parte del Estado, presumo, lo que se argumentará es que si en la época de las vacas gordas los municipios hicieron su particular agosto cobrando plusvalías por la efervescencia del mercado inmobiliario, ahora deberán asumir, por lo menos en parte, la devolución de lo incorrectamente recaudado.
Creo, no hay que ser muy avispado, que tocará sentarse a negociar como encajar las repercusiones económicas de esta sentencia del Tribunal Constitucional, favorable al ciudadano, pero un contratiempo para las arcas públicas. Siempre es recomendable en estos casos mucho diálogo y desaconsejable, por contra, el exceso de postureo.
SERGIO BLÁZQUEZ és regidor de C's
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