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Sin duda alguna, el problema principal que debemos solventar a nuestros vecinos es la seguridad en el municipio. A fecha de hoy, Sant Cugat es la segunda ciudad de España de más de 10.000 habitantes con mayor número de robos en hogares sólo superados por la ciudad alicantina de Torrevieja (datos del tercer trimestre del Ministerio del Interior). Mejorar la ratio de presencia policial en la calle (que no aumentar el número de efectivos en la comisaría), actualizar las cámaras de vigilancia con unidades de mayor definición y visión nocturna y aumentar el número de Mossos d'Esquadra en la ciudad serán nuestros objetivo para que Sant Cugat deje de estar en las estadísticas de las ciudades más inseguras de España. Todo esto en colaboración continúa con nuestro Grupo Parlamentario y del Congreso de quién dependen muchas de las acciones que afectan a nuestro municipio.
La segunda es asegurar a los ciudadanos la libertad de expresión y liberar los espacios públicos de símbolos partidistas que la ley ha condenado y que el empecinamiento de nuestra alcaldesa provoca sorna, vergüenza y un altísimo coste en despachos de abogados al erario público que, al final, no tendrán más que obedecer a la sentencia condenatoria.
Que un representante político y una alcaldesa, máxima expresión de la ética y ejemplo a los ciudadanos, sea la primera que incumpla la ley da una imagen lamentable de Sant Cugat en contraposición de lo que debe ser una ciudad abierta, multicultural y respetuosa con las creencias de todos sus ciudadanos.
Otro caballo de batalla que consideramos crucial en nuestros objetivos de partido es la bajada de los impuestos, previa optimización de recursos en el municipio y el adelgazamiento de los costes fijos. Ya en el 2015 conseguimos una bajada del valor catastral del 18% que se vio aplicada directamente en una reducción del 18% de la plusvalía municipal y de apenas un 2% de promedio en el IBI. La gestión de este último es potestad exclusiva del gobierno municipal que, para más inri, ha aumentado el presupuesto municipal previsto para el 2017: estamos convencidos que el gobierno Convergente y sus socios de Esquerra podían haber sido bastante más generosos con sus vecinos y haber reducido un 5% el IBI. Entre otros, este fue uno de los motivos que nos llevó a votar en contra de los presupuestos municipales presentados a finales de diciembre.
Cuanto más dinero haya en el bolsillo de los ciudadanos mediante la bajada de impuestos municipales, más fácil será reactivar la economía y salir de la crisis: las familias saben, mejor que nadie, como gastarse su propio dinero.
Y cuando hablamos de gastos superfluos, hablamos de cosas específicas como la planificación de una nueva biblioteca municipal en el parque Ramon Barnils que sustituiría la biblioteca del Pla del Vinyet y completaría las ya abiertas en Mira-Sol, Volpelleres y, próximamente, de La Floresta. Uno de los pulmones principales de la ciudad irá a convertirse en un mastodonte de cemento y ladrillo que nos dejará sin uno de los parques más visitados y apreciados de la ciudad.
Antes de esa inversión de nueve millones de euros con una participación de la Diputació del 30% , que también es dinero de los catalanes, hay infinidad de cosas que priorizar como el mantenimiento de las aceras, el acondicionamiento de centros deportivos como el de La Floresta, a fecha de hoy sin calefacción, o los servicios sociales de la ciudad, sobrepasados por la crisis, actual y que no responden a la llamada de nuestros vecinos necesitados.
Otro ejemplo de prioridad que el Ayuntamiento debe tomarse en serio es la plaga de jabalíes que, si no pone freno, acabará causando alguna desgracia personal y que, tomado a destiempo, va a costar una millonada al bolsillo común.
Y como no, la guinda del pastel: la educación. El Ayuntamiento tiene herramientas y competencias para gestionar la falta de plazas públicas en las guarderías de la ciudad, entre un 20% y un 28% más caras que una guardería en Sabadell, Rubí, Terrassa o Cerdanyola, así como nuestra reiterativa propuesta de proporcionar libros de texto gratis a los jóvenes estudiantes de nuestras escuelas , con un coste promedio a cada familia de 300 euros por alumno. ¿Tan mal les parece a los republicanos y convergentes que un Ayuntamiento responsable se solidarice con toda su población?
Es solo cuestión de darle importancia a lo que realmente lo tiene.
El 2017 es un buen año para conseguirlo.
ALDO CIPRIAN és portaveu de C's
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