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Esta semana nuestro grupo municipal, encabezado por la jefa de la oposición en el Parlament , Inés Arrimadas, se ha reunido con la dirección y los representantes de los sindicatos en las instalaciones del Hospital General de Catalunya. Esta no es la primera reunión que tenemos con los representantes de los trabajadores pero sí la más dramática tras la información del conseller Comín de romper el acuerdo de 10 años firmado entre el hospital con la Generalitat en el 2011 para la prestación de servicios públicos.
El HGC es un 85% de capital privado y un 15%, a fecha de hoy, de uso público. Cualquiera sabe que un contrato público de ese tamaño (inicialmente de unos 17 millones de euros anuales) permite hacer unas inversiones en máquinas y personal de calidad que amortizar a lo largo de la concesión. Esto conlleva que el HGC es un hospital de nivel 3, es decir, de los mejores equipados de Cataluña. Siempre, claro, que la administración que te ha contratado no incumpla el contrato y te deje al descubierto en inversiones de tecnología y personal cualificado.
Vayamos con los números. Actualmente el HGC atiende a unas 120.000 urgencias anuales provenientes, en su mayoría, de las poblaciones de Sant Cugat, Rubí y Castellbisbal y, según datos del personal, el 90% de los infantes nacidos en nuestra ciudad, lo han hecho allí.
Especialidades como las de hemodinámica, cirugía protésica o radioterapia son de las más avanzadas de España ya que cuentan con maquinaria que otros centros menores no se pueden permitir. Son muchos los hospitales públicos que derivan a sus pacientes a las instalaciones de Sant Cugat debido a su tecnología de última generación.
Parece ser que el Sr. Comín tiene previsto, a final de año, rescindir unilateralmente el acuerdo de 10 años con la entidad Fresenius (empresa alemana actualmente propietaria del HGC y con más de 110 hospitales repartidos por toda Europa) con la peregrina idea de derivar los pacientes del servicio público a hospitales públicos como el Hospital Parc Taulí de Sabadell o MútuaTerrassa.
Estamos hablando de derivar una población de más de 150.000 personas de Rubí, y Sant Cugat a centros sanitarios a, como poco, media hora de los lugares de residencia. Eso, sumado a las ya existentes listas de espera de los citados centros (Terrassa y Sabadell rondan los 210.000 habitantes cada una), implicaría aumentar aún más la situación caótica que sufren estos centros de salud.
¿Y cuál es el motivo? Desde luego, no el económico.
Los datos publicados en la página de CatSalut sobre la comparativa de los costes son reveladores:
Altas médicas: 2.377 euros Parc Taulí (público) /1.670 euros Clínica del Vallès (concertada)
Altas quirúrgicas: 2.674 euros (Parc Taulí) / 1.670 euros (Clínica del Vallès)
Cirugía menor ambulatoriaI: 195 euros (Parc Taulí) / 109 euros (Clínica del Vallès)
Urgencias: 104 euros (Parc Taulí) / 53 euros (Clínica del Vallès)
Desde C’s defendemos un sistema público y gratuito de sanidad pero aplicado a la situación real de nuestra sociedad. Actualmente, en Sant Cugat o Rubí no tenemos un hospital público que pueda sustituir la demanda del HGC por lo que no vemos conveniente que se interrumpa unilateralmente un acuerdo de colaboración beneficioso para ambas partes. Por lo menos hasta que no haya un centro alternativo que pueda absorber la demanda de nuestra ciudad (el hospital Vicente Ferrer es solo un proyecto sin fecha de ejecución).
Recientemente, la misma actitud ilustrada del conseller Comín llevó a la calle a 40 trabajadores eventuales de la Clínica del Vallés mientras se colocaba a 32 trabajadores en el Hospital de Sabadell. Eso sin contar a la cantidad de trabajadores indirectos que dependen del hospital.
Ahora se baraja la posibilidad, a final de este presente año, de que 147 trabajadores del HGC pierdan su empleo (un 10% de la plantilla según datos de la dirección). Y nuestra ciudad sin un servicio público puntero sanitario de proximidad.
¿Mejorará esta rescisión de contrato la calidad de nuestra sanidad? ¿Mejorará la accesibilidad de los ciudadanos a un centro de salud próximo a su domicilio?
Está claro que no, al contrario. La limitación de camas públicas va a multiplicar el negocio de las mutuas privadas. Los enfermos no pueden esperar.
Parece ser que prevalecerá el mantra que tanto les gusta repetir a los republicanos en nuestro consistorio respecto a los servicios públicos: el que quiera sanidad, que se la pague.
Mientras, la extinta Convergencia, a verlas venir.
ALDO CIPRIAN és portaveu municipal de C's
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