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Destacaba uno por encima de todos y seguro que a muchos de los que vivieron esta historia desde los años 90 les sonará: el señor. Contreras. Es posible que incluso muchos lectores crean, gracias a las informaciones sesgadas y torticeras que durante años han salido de este Ayuntamiento, que todo esto era una guerra con dos únicos actores: consistorio, defensor de la industria farmacéutica, versus este señor con un alto nivel de renta que llegó con los mejores abogados hasta el final. No era así y se ha visto cuando el otro día el pleno autorizó el pago de ocho millones y medio de euros a varios propietarios en cumplimiento de la sentencia en la que se vio que las actuaciones urbanísticas habían sido contrarias a la ley.
Total, que las personas que la juez del juzgado número 4 de Rubí determina en ese texto, con sus nombres y sus dos apellidos se van a sentar al banquillo y allí durante un procedimiento público se les juzgará. Por cierto, son el exalcalde Aymerich y personal del Ayuntamiento. ¿Los cargos? Delito continuado de prevaricación, ¿las penas? Pocas a los ojos de esta sociedad: Inhabilitaciones. Ahora la ley ya se ha endurecido pero este tema viene de antiguo y al reo se le aplica la legislación del momento en que se cometen los delitos. Todas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero, ¡ojo! hay algo que tenemos que tener claro porque lo dice la ley: hay indicios racionales de criminalidad en sus conductas porque, de no ser así, no estarían en esta tesitura.
¿En qué momento estamos ahora? Pues en uno en el que se han pagado ocho millones y medio de euros (de todos) mediante un acuerdo con los propietarios perjudicados por el plan urbanístico y en cumplimiento de sentencia y esperando otro procedimiento. La idea de intentar llegar a acuerdos cuando las cosas se han hecho rematadamente mal y los tribunales han dicho la última palabra pasa por asumir la responsabilidad e intentar cerrar el tema con los menores costes para las arcas municipales.
Ahora bien, esta historia continúa. El juicio penal será en otoño. Puede que las personas que desde el Ayuntamiento orquestaron este despropósito sean culpables y lo que no puede decir el Consistorio hoy es que en el auto de apertura del juicio oral por la responsabilidad penal de toda la tropa que gestionó este desastre no hay una solicitud de responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, por la cantidad de 5.502.716 euros con 53 céntimos. Si quieren, les facilitamos una copia.
A los ciudadanos hay que tratarles como adultos, 'atarse los machos' y decirles la verdad. De momento la broma nos ha salido por 8 millones y medio de euros. Veremos más capítulos de este culebrón, es posible que se llegue a pagar más dinero por el Ayuntamiento, y esperemos que Torre Negra, por el bien de todos, no se convierta en otro.
MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN és regidora de C's
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