Baile de datos

Aldo Ciprian

Publicat: el 14/nov/19
Opinió| Columnes

De todos es bien sabido, especialmente los que trabajamos o hemos trabajado alguna vez en el sector privado por cuenta propia o ajena, que nuestra constitución avala el derecho a la huelga siempre que sea para reclamar unas condiciones laborales mejores. No hay ningún capítulo en la carta magna ni en el estatuto de autonomía de Cataluña que haga referencia a las denominadas 'huelgas de país'.

Algo parecido debería pasar también en el sector público porque los días de huelga, sean de barrio o de patio de colegio, no se cobran.

El pasado pleno del mes de octubre solicitamos a nuestra nueva alcaldesa que nos pasara en detalle el seguimiento de la 'huelga de país' en nuestro ayuntamiento; estas movilizaciones las convocaron entidades separatistas para protestar por las penas privativas de libertad, ahora sí, de los oficialmente políticos sediciosos y malversadores del dinero público.

80% fue su respuesta inmediata que como eco fue repicado por todas las herramientas mediáticas de la ciudad sin ningún contraste más que la versión de la alcaldesa.

El día después, el sindicato convocante envió un correo a todos los trabajadores del Ayuntamiento cifrando la participación en un 65%.

El mismo día, uno de los dos sindicatos que no se unieron a la huelga, confirmaba a nuestro grupo municipal que alrededor de 230 funcionarios municipales no habían fichado el 18 de octubre. Es decir, que habían secundado la huelga con todas sus consecuencias. Sobre una plantilla de 600 personas en el edificio principal o 750 en la corporación municipal (muchos de los cuales no fichan - entre ellos los concejales de gobierno).

Eso, según las matemáticas, representa entre un 30% y un 38% de la plantilla en el mejor de los casos para los convocantes. El resto hasta el 80% o se tomaron un día de vacaciones o un día de asuntos personales también llamado 'moscosos' de los que los funcionarios tienen un total de seis al año. Estos días de fiesta les permite ausentarse de su puesto de trabajo, cobrar su salario íntegro a final de mes y solidarizarse con la causa, les guste o no, para no ser marcado como disidente; otra posible explicación es que, simplemente, nunca hubo un seguimiento del 80%, ni del 65%.

Espero de verdad, y en Cs Sant Cugat nos queremos asegurar de ello, que todos aquellos que no vinieron a trabajar para secundar la protesta, a final de mes, se les descuente de su nómina su falta al trabajo. Aquellos autónomos y trabajadores que dejamos de facturar ese día no tuvimos la opción democrática de elegir.

De la misma forma, espero que a los alumnos que no pudieron ir a sus centros de estudio o universidades por coacción, se les devuelva de sus matrículas universitarias los días perdidos por la desidia de los rectores universitarios (a los que tampoco habría que pagar). Aquellos que les pagamos el sueldo para que la formación de nuestros hijos sea la mejor. A ninguno de nosotros nos devolverán esas horas ni esos días.

Desafortunadamente los impuestos que pagamos para mantener nuestro sistema administrativo no entienden ni entenderán nunca de 'Huelgas de País'.

ALDO CIPRIAN és portaveu del grup municipal de Ciutadans