Razón jurídica o hechos a la fuerza

President d'Impulso Ciudadano

José Domingo

Publicat: el 15/oct/19
Opinió| Columnes

Durante los meses de septiembre y octubre de 2017 las autoridades independentistas en connivencia con asociaciones del mismo cariz ideológico intentaron imponer su proyecto secesionista al conjunto de los catalanes y al resto de los españoles. Lo hicieron de una manera tramposa, sin amparo de la ley y empleando mecanismos que no rechazaban el uso de la violencia, aunque fuera de baja intensidad.

La imposición de una República catalana fue vivida por algunos con alegría y por otros conciudadanos con una enorme angustia. De un día para otro se pretendía dejar sin vigencia la Constitución y el Estatuto de Autonomía, romper los vínculos comerciales con el resto de España, establecer un sistema propio de pensiones e implantar un régimen autoritario sin separación de poderes en el que los actos del nuevo directorio no podían ser sometidos al control judicial y, por si fuera poco, se ponían las bases para la depuración de los Jueces que se consideraran no afectos al nuevo Régimen.

Es evidente que los dirigentes independentistas nunca confiaron en la razón del Derecho y emplearon toda su astucia en la fuerza de los hechos consumados. Su apuesta era arriesgada. Si los partidarios de la independencia triunfaban e implantaban 'su República', varios millones de personas tendrían que abandonar Cataluña o someterse a vivir en un Estado de nuevo cuño que no querían; si no lo lograban, los impulsores del denominado 'procés' serían enjuiciados por hechos muy graves. La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la falta de una mayoría social suficiente para hacer efectiva la República puso de manifiesto que su revuelta fracasó.

En un Estado democrático el Derecho es la base de la convivencia y nadie puede sustraerse al imperio de la ley. Por ello, resulta especialmente anómalo que determinadas autoridades e, incluso, algunos colectivos de juristas, pretendan eximir de enjuiciamiento a los políticos por sus actos. Ello es incompatible con las reglas básicas de la democracia. La sentencia del Tribunal Supremo es la consecuencia lógica del funcionamiento del sistema democrático. Ante la posible comisión de unos delitos, le corresponde al Ministerio Fiscal presentar las correspondientes querellas y a los Jueces predeterminados por la Ley instruir y dictar las pertinentes resoluciones. Es lo que ha acontecido en este caso.

El Tribunal Supremo, después de un juicio con todas las garantías jurídicas y que ha sido retransmitido en directo por la televisión en un ejercicio de máxima transparencia y control público, ha concluido que los acusados por los graves acontecimientos relacionados con el proceso independentista cometieron los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Es evidente que la sentencia no ha satisfecho a todas las partes, a los acusadores les parece tibia, en la medida que consideran que la desaparición del orden constitucional que pretendían los que se alzaron merecía la calificación de rebelión y, en cambio, a las defensas cualquier resultado que no fuese la absolución, les resulta vejatorio.

Lo preocupante de la situación no es la sentencia en sí, puesto que ya le corresponderá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos valorar si se ha incurrido en alguna vulneración en el proceso judicial. Lo neurálgico ahora es que el independentismo vuelve otra vez a depositar sus esperanzas en la fuerza de los hechos, esto es, en la imposición coactiva de su voluntad al conjunto de la sociedad al margen del derecho. Ahora aboga por la desobediencia institucional y civil. Pretende, a través de ella, sacar los presos a la calle y alcanzar la autodeterminación. Ya estamos viendo los perversos efectos de esa política: enfrentamientos directos en las calles entre ciudadanos que pueden derivar en episodios peligrosos de violencia política. Es un juego de alto riesgo y esta vez pilla a la maquinaria del Estado (más allá de los partidos políticos) con la guardia alta. Por lo tanto, después de las algaradas y las provocaciones llegará, otra vez, la hora del Derecho con mayúsculas. El cumplimiento de la norma es la principal garantía que tenemos los ciudadanos respecto a los excesos y desmanes de la política. Algunos lo llaman judicialización de la política, otros lo denominamos civilización frente a la barbarie.

JOSÉ DOMINGO és president d'Impulso Ciudadano