Traje a medida

Aldo Ciprian

Publicat: el 26/oct/16
Opinió| Columnes

A poco de entrar en el Ayuntamiento de Sant Cugat como portavoz del grupo municipal de C's, tuve una curiosa conversación con un teniente de alcalde cuando, al salir publicada en 'El País' la información de las donaciones de constructoras a la fundación CATDEM (TEYCO), me sorprendió con que muchas de ellas hubieran trabajado en nuestro municipio bajo el amparo de las diferentes administraciones convergentes. Su respuesta fue que, si tenía alguna prueba de irregularidades, podía ir directamente a los tribunales para denunciarlo.

Frase que, por cierto, le encanta repetir a nuestra ausente alcaldesa. Él sabe, y ahora yo también, que demostrar que se ha cometido una irregularidad para beneficiar a un amigo en la adjudicación de una obra pública es casi imposible puesto que el entramado, a pesar de no ser excesivamente complejo, cuenta con la connivencia de todas las partes implicadas. Una especie de 'omertá' donde algunos partidos políticos se reparten el botín público con las empresas de su entorno. Muchas veces los métodos son incluso zafios y chabacanos debido probablemente a la larga impunidad de los gobiernos nacionalistas y pseudo-nacionalistas de nuestra comunidad autónoma y, por transmisión, de la mayoría de municipios de Cataluña. Un ejemplo.

Imaginemos que se quiere adjudicar la obra del acondicionamiento de un mercado municipal de una ciudad cualquiera. Para ello se convoca un concurso público donde, tras la parafernalia legal de la Ley de Contratos del Sector Público y su correspondiente publicación en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) se abre una fase de selección al que se presentan, supongamos, un total de 26 empresas.

La fase de selección cuenta con un impecable pliego de condiciones elaborado por el cuerpo técnico municipal y una cláusula administrativa particular para que, por lo menos, un tercio de los licitadores deban ser empresas de arquitectos jóvenes, menores de 35 años (todos sus componentes). Considerando que cualquier carrera superior se acaba entre los 23 -25 años, la categoría 'joven' se presenta como muy generosa. De las 26 empresas que participan, por ejemplo, resulta que solo una puede acceder a esa categoría especial, parcialmente. Una nota aclaratoria posterior 'ad hoc' confirma que dicha categoría especial de jóvenes pasa, de repente, a ser para equipos de 'jóvenes arquitectos menores de 40 años'. El número de empresas que se suman a esa categoría sigue siendo de una (la misma).

Tras la primera fase de selección se elige las nueve mejores empresas que obtienen las puntuaciones más altas según el pliego de condiciones y la empresa 'joven' que entra por la puerta grande entre las 10 mejores a pesar de haber quedado en la posición 24 de las 26 licitantes según las exigencias técnicas establecidas.

La segunda fase de adjudicación consta de una valoración donde un jurado debe votar al vencedor en función de conceptos tan abstractos como, se me ocurre, planteamiento ambiental, racionalidad constructiva o capacidad del proyecto de integrarse en el conjunto edificatorio. Los 10 licitantes presentan sus propuestas en sobre cerrado bajo un lema identificativo y, al final, resulta ganador... el equipo 'joven'.

La historia es ciertamente digna de un guion de Hollywood si no fuera porque los 'jóvenes' son exalumnos del presidente del tribunal encargado de la segunda evaluación y el jurado cuenta con amigos, compañeros de la facultad y trabajadores municipales. Todo queda en casa. Por último, ninguna de las 23 empresas que han sacado mayor puntuación técnica en la fase de selección, presenta alegaciones o protesta alguna a la adjudicación del proyecto. Al fin y al cabo, mañana habrá otras licitaciones.

Cualquier parecido con la realidad, es pura casualidad.

ALDO CIPRIAN és portaveu de C's